martes, 7 de agosto de 2007

Alcorcón: Entrevista indispensable para entender la realidad.



La CEP culpa a "la política de papeles para todos" y la Ley del Menor de los problemas con las bandas latinas.


El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, ha confirmado que lo sucedido en Alcorcón (Madrid) no son hechos aislados –empieza a suceder con frecuencia en otros puntos de España– y sí tiene constancia de la existencia de tarifas establecidas por bandas latinas para poder acceder a una cancha de baloncesto desde hace dos años. Gavilán culpa a las política tan poco consensuadas como el "papeles para todos, los procesos de regularización extraordinario y la Ley del Menor".

El portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán, ha explicado que sí tienen conocimiento de que estas bandas latinas "cobran dinero sencillamente por sentarse en un banco público e incluso está empezando a cobrar a los ciudadanos españoles por el mero hecho de pasar por su calle".
Gavilán culpa de lo sucedido a la política de papeles para todos, a los procesos de regularización extraordinario, a la ley del menor o la reforma del código penal, unas políticas tan poco consensuadas y tan mal canalizadas que ya advirtieron –dice– que iba a traer reacciones sociales de resultados imprevisibles.

Rodrigo Gavilán ha explicado que técnicamente para que exista una banda latina tienen que darse varias circunstancias como "ser dos o más personas, tiene que haber una jerarquía y un reparto de tareas y tiene que haber la comisión de delitos graves". Como todavía no tenemos claro si es un delito grave la coacción o amenazas en una cancha de baloncesto y como la jerarquía y el reparto de tareas no se ha demostrado, no se les puede considerar como banda, y a esto es a lo que se agarra la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Soledad Mestre.

Definición de banda
Oficialmente, añade el portavoz policial, no podemos llamarle bandas latinas, pero "sí son grupos de latinos que están copiando y están imitando las conductas de las bandas latinas", algo que –insiste– sería lo más grave, "que haya cientos de chavales hispanoamericanos que sin estar integrados en las bandas latinas si que están imitando su conducta y en un plazo de uno o dos años puede generarse el germen para volver a aparecer".

El representante policial ha pedido a la ciudadanía que entienda que todo esto no es culpa de la Policía sino de la Ley del Menor, que exime a los menores de 18 años de cualquier infracción penal. Ha explicado que de forma generalizada, ante cualquier delito se le pasa a la fiscalía de menores, que lo traslada automática en cuestión de dos o tres horas a su familia, dándose el caso de "chicos a los que se detienen hasta tres veces en un día".

Para Gavilán, otro de los factores principales es la intimidación que tiene la Policía a la hora de ejercer sus funciones en la vía pública por dos motivos: el principio de autoridad, que queda absolutamente diluido mientras los fiscales no apliquen la ley, y por la indefensión absoluta de los agentes en los tribunales de justicia.

Principio de autoridad
El portavoz de la CEP, ha señalado que según el anuario del Ministerio del Interior, en 2006 ha habido 17.000 agresiones físicas a agentes de Policía (con parte de lesiones) en vía pública. Rodrigo Gavilán ha lamentado que todas estas agresiones, después de pasar por la mesa de la Fiscalía queda tan sólo en falta de lesiones, es decir, el fiscal entiende que dar un puñetazo a un agente es igual que dar un puñetazo a un civil. Por esto, denuncia que el principio de autoridad queda absolutamente diluido mientras los fiscales no hagan lo que la ley obliga.

Por otra parte, ha denunciado también la indefensión absoluta que sufren en los tribunales de justicia cuando comprueban que son los propios delincuentes los que denuncian al policía porque tienen el convencimiento de que así diluyen el relato del policía ante un delito.

El portavoz policial ha terminado afirmando que con estas actuaciones judiciales el policía que trabaja en la calle "tiene unos riesgos altísimos de que sea sancionado", por lo que ha abogado por modificar la Ley del Menor y defender a la Policía, para que cuando se le agreda a un agente sea un atentado a la autoridad y no una falta.




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